Justicia Constitucional

Una de las principales características de la Constitución es su supremacía, que determina que las normas inferiores a ella deban cumplirla, prevaleciendo las normas constitucionales en caso de conflicto normativo. En tal sentido, los hechos, actos y fundamentalmente las normas jurídicas que desconozcan o transgredan la Constitución deben ser declarados inválidos o inaplicables por el órgano jurisdiccional competente. En esto radica la garantía o defensa de la Constitución, la que se hace efectiva a través de los distintos modelos de justicia constitucional.

En Chile, en el sistema actual de justicia constitucional, el único órgano competente para declarar la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad de una norma infraconstitucional es el Tribunal Constitucional. En el debate constitucional en curso se han planteado una serie de objeciones a las funciones asignadas constitucionalmente al Tribunal Constitucional. Entre ellas, que es que un órgano sin representación política que se impone a la decisión del legislador; que las decisiones del Tribunal Constitucional, pese a que inciden en cuestiones muy relevantes de carácter político, no están sujetas a control; que sus competencias son excesivas, particularmente en el ámbito del control previo de constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, hay quienes responden a estas objeciones señalando la necesidad de que algún órgano controle las decisiones del legislador para proteger los derechos constitucionales; así como la conveniencia del control previo y preventivo, pues de esta forma se evitan los conflictos normativos con la Constitución.

Así se distinguen las siguientes propuestas: a) Instaurar un control judicial difuso, eliminando al Tribunal Constitucional; b) Radicar la acción de inaplicabilidad nuevamente la Corte Suprema, excluyendo tal competencia del Tribunal Constitucional; c) Limitar las competencias del control previo que actualmente ejercer el Tribunal Constitucional, por ejemplo sólo a aspectos procedimentales; y d) Mantener las competencias actuales del Tribunal Constitucional.

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La soberanía procede del pueblo. Por lo tanto, la misma mayoría necesaria para aprobar una reforma constitucional debería ser suficiente para anular una sentencia del Tribunal Constitucional. Sugiero el ejemplo suizo de un plebiscito con doble mayoría: tanto a nivel nacional como en la mayoría de las regiones. También creo que el Tribunal Supremo y el Constitucional debieran ser uno solo, como en los EE.UU. De lo contrario el Constitucional domina al Supremo mediante el expediente retorcido de encontrar inconstucionales sus fallos. Por último, los jueces designados deben enfrentar el voto popular pasado un período de prueba (retention election, común… Leer más »
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